@CEDHJ exhibe omisiones de autoridades en Bolaños

28-Jun-2017

- Pide restitución de tierras, mayor seguridad para pobladores y reparación del daño para

comunidades wixaritari 

- Presenta además dos recomendaciones: una por agresión sexual a un menor y otra en agravio

a una mujer.

 

Guadalajara, Jalisco a 28 de junio de 2017.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, pide a las autoridades estatales y

municipales garantizar la seguridad al territorio wixaritari, se haga la restitución de tierras para las

comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, así como la reparación integral colectiva

por el asesinato de los defensores de derechos humanos Miguel y Agustín Vázquez Torres,

asesinados el 20 de mayo pasado.

Con la presencia del gobernador tradicional de la etnia y la familia de los hermanos victimados, dio

a conocer la recomendación 31, la primera en la historia de la defensoría en resolverse en menos

de 40 días, en la que dijo; “se comprobó la violación de los derechos a la legalidad y a la seguridad

jurídica por indebido cumplimiento de la función pública en contra de los líderes wixaritari, sus

deudos y al pueblo en general”.

Ante los medios de comunicación explicó que hubo por parte de los policías una indebida

actuación u omisión de la función pública en tres momentos: primero, al detener a los

involucrados en una riña y su posterior liberación sin activar el proceso de justicia administrativa;

segundo, al haber llegado a la localidad y no permanecer ahí, ya que fue justo en ese lapso cuando

presuntamente ocurre el doble homicidio; tercero, después del homicidio en dos aspectos

específicos: uno, al no hacer frente ante la eventual huida de los agresores; y dos, al no actuar en

el marco de sus atribuciones para intervenir como primeros respondientes del delito.

“Esta Comisión estima que la capacidad de fuerza de seguridad pública del municipio de Bolaños

es insuficiente para atender las necesidades de su amplio territorio. En este caso, el Gobierno del

Estado debe actuar de forma solidaria considerando que ya tenía conocimiento de la situación de

inseguridad en la zona, y si bien ya había iniciado acciones para atender esa demanda social, no se

alcanzaron a concretar las garantías suficientes para evitar hechos como los aquí documentados”,

señaló.

Álvarez Cibrián determinó que se está ante un hecho victimizante, al tratarse de una actuación

omisa, imprudente e irregular cometida en agravio no sólo de los deudos de las dos víctimas

directas, sino también de todos los habitantes de Tuxpan de Bolaños y en general de las

comunidades wixaritari, por lo que se debe hacer una reparación del daño colectiva.

“Esta defensoría estima que debe incluirse una acciones y políticas públicas que reivindiquen de

manera integral los derechos de las comunidades wixaritari. El primer punto es atender la

seguridad pública. El segundo es garantizar el acceso a la justicia agraria. Para ello, las autoridades

de los tres niveles y distintos ámbitos de gobierno deberán ordenar la restitución de casi diez mil

hectáreas que se encuentran en posesión de ganaderos y de personas ajenas a la comunidad en el

vecino estado de Nayarit y que pertenecen a las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y

Tuxpan de Bolaños”.

Señaló que las autoridades no pueden exponer como justificación la presencia de supuestos

grupos ilegales en la zona, ya que, como se ha mencionado, el deber de garantizar la seguridad

pública es una obligación del Estado; más aún, en lugares donde previamente les ha sido señalada

la presencia de grupos criminales.

La Recomendación 31 fue dirigida, en primera instancia, al Pleno del Ayuntamiento de Tuxpan de

Bolaños y, por estar dentro de sus atribuciones, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a

la Fiscalía Regional del Estado, a la Secretaría de Desarrollo Social, a Asuntos del Interior de la

Secretaría General de Gobierno, al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, al alcalde de

Mezquitic, al Congreso del Estado y a los presidentes municipales de Jalisco.

En la misma rueda de prensa, Álvarez Cibrián presentó dos recomendaciones más: En la 29 dirigida

a Francisco de Jesús Ayón López, secretario de Educación Jalisco, se genera por la violación de los

derechos a la integridad y seguridad personal, y a la libertad sexual, en agravio de un alumno de la

escuela Jesús González Gallo, al que sus compañeros agredieron.

La queja la presentó la madre del menor el 6 de octubre de 2016 donde relató las omisiones de la

maestra María de Jesús Solís Vidal quien se ausentaba constantemente del salón de clase, lo que

ocasionó que el niño fuera víctima de violencia sexual por parte de sus compañeros de grupo.

La CEDHJ solicita la reparación integral del daño al menor, se inicie un proceso sancionatorio a la

servidora pública, se dé atención psicológica y pedagógica a la víctima y a los alumnos del 4B del

plantel, y se brinde pláticas de concientización y sensibilización, sobre violencia escolar, sus

efectos y consecuencias; a efecto de diseñar mecanismos para lograr su erradicación.

En la recomendación 30 que va dirigida a Marisela Gómez Cobos, fiscal central de la Fiscalía

General del Estado de Jalisco, se deriva de la queja por la violación de los derechos humanos a la

legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública en la procuración de

justicia, la falta de perspectiva de género y el incumplimiento de la obligación de garantizar el

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Señaló que desde el 12 de septiembre de 2016, la víctima aseguró que desde agosto de 2014

acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia en contra de su esposo por el delito de violencia

intrafamiliar, lo que originó el acta de hechos 8335/2014, y a la fecha no había obtenido respuesta

por parte de las autoridades del Ministerio Público.

“Esta defensoría, acreditó que las autoridades involucradas, quienes eran los encargados de

investigar e integrar el acta de hechos 8335/2014, no cumplieron su deber de procurar justicia

pronta, completa, imparcial y expedita, pues incurrieron en omisiones en la práctica de las

diligencias necesarias para la óptima integración de la indagatoria materia de estudio.

La CEDHJ solicitó la reparación integral del daño a la víctima, fortalecer la capacitación al personal

para garantizar que se hagan las investigaciones que sean necesarias para establecer la verdad de

los hechos y atender a las víctimas en un plazo razonable. También se sancione a los servidores

públicos involucrados.

En otro tema que se planteó al Ombudsman de Jalisco señaló que el próximo proceso de

renovación de la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos deberá ser tal y como

lo señala la ley, la cual ya cuenta con las herramientas necesarias para que se haga con

transparencia y conforme a los tiempos, además que permita que llegue a la presidencia el mejor

perfil para beneficio de Jalisco.

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