@LegislativoJal aprueba sistema anticorrupción

14-Jul-2017

  • Se crean fiscales, auditor, tribunal especializado y órganos de control para combatir la corrupción.

  • La aprobación se logró con una alianza entre el Partido Revolucionario Institucional y Partido Movimiento Ciudadano

 

Guadalajara, Jalisco a 14 de julio de 2017.- El Congreso del Estado de Jalisco aprobó reformar diversos artículos de la Constitución Local para sentar las bases legales del Sistema Estatal Anticorrupción, que tendrá un fiscal en combate a la corrupción, un Tribunal de Justicia Administrativa así como órganos internos de control que sustituyen a las contralorías y un comité de participación social.

 

El Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco es la instancia de coordinación entre autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.

 

Respecto a la fiscalización de los recursos, parte medular del sistema, la elección del auditor superior del Estado se dará a partir de una terna que presente el titular del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, su temporalidad será de ocho años y sólo podrá ser reelecto por una sola ocasión.

 

Quien aspire a ocupar la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, así como los exámenes de control de confianza, con una permanencia en el cargo de siete años sin posibilidad de reelección.

 

Para la definición de quien ocupará la Fiscalía General igualmente el Gobernador del Estado enviará una terna al Congreso y se requerirá el voto a favor de cuando menos las dos terceras partes de los diputados; para elegir al fiscal especializado en combate a la corrupción, también se requerirá de una propuesta por parte del Ejecutivo, aunque deberá tomar en cuenta al Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción.

 

Cabe señalar que en los artículos transitorios se establece que por única ocasión (el primer nombramiento) tanto el fiscal general como el especializada estarán en el cargo por ocho años, en tanto que los tres magistrados del Tribunal de Justicia administrativa estarán cinco, seis y siete años en forma escalonada y los cinco integrantes del Comité de Participación Social por uno, dos, tres cuatro y cinco años, en las mismas condiciones.

 

El Tribunal de Justicia Administrativa se constituye como un organismo público autónomo, competente de imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por las responsabilidades administrativas consideradas graves, así como a aquellos particulares que participen en actos de corrupción.

 

En tales casos deberá fincarles el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que afecten a la hacienda pública, en tanto que para la investigación de actos de corrupción se eliminaría la secrecía de la información en materia fiscal, bursátil, fiduciaria o relacionada con el manejo de recursos monetarios.

 

Con estas modificaciones legales se establece la responsabilidad penal por hechos de corrupción ya sea para servidores públicos o particulares, así como sanciones administrativas que pudieran ser: amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como castigos económicos.

 

El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a particulares que intervengan en actos vinculados a faltas administrativas graves, sanciones económicas que la ley determine, incluso podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva.

 

Cabe señalar que la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, a través de las legisladoras Pilar Pérez Chavira e Irma de Anda Gutiérrez, solicitaron la discusión en lo particular de diversos artículos relativos al mecanismo para la aprobación de las cuentas públicas y la forma en que debiera nombrarse a los fiscales.

 

De igual forma los diputados Hugo Rodríguez Díaz, Mónica Almeida López y Saúl Galindo Plazola se pronunciaron en contra de que el proceso para elegir al fiscal especializado en combate a la corrupción, inicie con una propuesta del Gobernador del Estado.

 

Luego de votar el dictamen en general y de discutir y resolver uno a uno los diferentes artículos reservados para definirse en lo particular, los diputados Ismael del Toro Castro, Hugo Contreras Zepeda, Mónica Almeida López, Pedro Kumamoto Aguilar, José García Mora, Pilar Pérez Chavira, Erika Ramírez Pérez hicieron uso de la voz para destacar el trabajo y responsabilidad que los llevaron a alcanzar esta reforma constitucional.

 

Señalaron que si bien Jalisco es uno de los pocos estados que al día de hoy no habían modificado su Constitución para homologarla con el Sistema Nacional Anticorrupción, sin duda alguna los cambios legales alcanzados son de una gran trascendencia y superior en alcances al del resto de las entidades.

 

Señalaron que para llegar a este punto se trabajó durante muchos meses que comenzó con una mesa interinstitucional con la participación del Poder Ejecutivo, de universidades, organismos empresariales, de la sociedad organizada y distintos entes con una actitud positiva y de altas miras.

 

Previamente la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos había aprobado el dictamen de modificación a la Constitución Local en materia de combate a la corrupción, pero además, también avaló por mayoría de votos la abrogación de la Ley Orgánica del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Sistecozome), la modificación de la Ley de Movilidad, y por consecuencia decreta la extinción de dicho organismo.

 

Al respecto, la Diputada Rocío Corona Nakamura, presidente de esta comisión, expuso que luego de realizar un balance a la paraestatal, se encontró una diferencia negativa de 408 millones de pesos y como consecuencia de ello deberán deslindarse responsabilidades.

 

“La extinción de una empresa es una decisión difícil. No deja de ser una fuente de empleo que se acaba. Pero sus finanzas son insostenibles, no debemos dejar de lado los derechos de los trabajadores. Ellos no son culpables de lo que está pasando.

 

“A los 500 trabajadores se les debe liquidar o reubicar conforme a la ley, que se deslinde responsabilidades y se investigue hasta sus últimas consecuencias cuál fue el origen de la deuda y donde quedó el dinero, Si hubo delito debe haber cárcel; y si hubo desfalco debe haber restitución”.

 

 

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