Escaño abierto

9-Oct-2018

 

 

Adultos mayores y pensiones, una agenda inaplazable

                                                   

Arturo Zamora Jiménez

 

México se encuentra en la cresta de la ola del bono demográfico, pues en los próximos años la mayoría joven de la población dará lugar a un segmento de adultos mayores cada vez más amplio.

 

Lo anterior impone un reto doble a la próxima administración: mantener los beneficios directos que se les destinan y desarrollar políticas para contar con instituciones que atiendan sus necesidades a largo plazo. En las posturas del próximo gobierno y sus legisladores, no se percibe claridad en estos temas.

 

La agenda de los adultos mayores es transversal y toca a todas las políticas públicas, cuatro de ellas fundamentales: la revisión del sistema de pensiones y de ahorro para el retiro, el mantenimiento y mejoramiento de los programas federales para adultos mayores, la cobertura de sus necesidades de salud y el desarrollo de programas idóneos de empleo.

 

En México hay casi 13 millones de personas de más de 60 años, de las cuales sólo 26% cuenta con una pensión de jubilación. A 21 años de la reforma del sistema de pensiones y la creación de la modalidad de ahorro para el retiro, las nuevas condiciones demográficas y del mercado laboral reclaman un cuidadoso examen del sistema. Sin embargo, la propuesta del gobierno electo sólo propone elevar la edad de retiro de 65 a 68 años de edad.

 

En cuanto a la atención de los adultos mayores que no cuentan con pensión de retiro, en la actual administración se bajó la edad de cobertura de 70 a 65 años, instituyendo el Programa 65 y Más que otorga apoyos a casi 7 millones de personas.

 

En este caso, el gobierno electo también estudia elevar de 65 a 68 años la edad para ser beneficiario del programa, según reconoció el diputado Pablo Gómez, con lo que se dejaría fuera a casi dos millones de adultos mayores que hoy basan su sustento en este apoyo.

 

Si bien el Seguro Popular da atención a miles de adultos mayores que no gozan de servicios médicos, es necesario extender la cobertura, el financiamiento y la calidad de sus servicios, pues las enfermedades de la vejez son muy costosas.

 

En la agenda de los adultos mayores también será fundamental proponer alternativas de política pública que los incorporen en actividades productivas adecuadas y donde su experiencia laboral sea un activo para el desarrollo personal y social.

 

En suma, las medidas anunciadas por el gobierno electo son insuficientes y contradicen su pretendida vocación social, pues no resuelven los problemas de vulnerabilidad de los adultos mayores, ni las deficiencias en la cobertura de los programas existentes. Aun elevando el monto del apoyo universal, de 580 a 1,200 pesos, esta población quedaría por debajo de la línea de bienestar que establece el CONEVAL.

 

Tampoco se resuelve el problema estructural de los pasivos del sistema de pensiones (equivalente a 116% del PIB) y se pospone atender el tema hasta 2021, según dijo el futuro subsecretario de Hacienda, Gerardo Esquivel, luego de reunirse con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

 

Si queremos evitar una crisis social y no dejar sin futuro digno a 20 millones de trabajadores y cerca de dos millones de burócratas, es inaplazable una reforma integral que incluya a los cientos de sistemas que operan en el país, en estados, municipios y universidades, y que resuelva la viabilidad financiera de un modelo de pensiones solidarias.

 

Esperemos que el próximo gobierno asuma con responsabilidad la agenda de la previsión social y abra un diálogo responsable y respetuoso que garantice los derechos laborales y sociales de trabajadores, burócratas y adultos mayores.

 

 

 

[i] Secretario general de la CNOP.

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