Escaño abierto


Transición turbulenta, los riesgos de la incertidumbre

Arturo Zamora Jiménez[i]

A cien días de haber iniciado actividades como presidente electo y a siete semanas de asumir la jefatura del Ejecutivo Federal, hay una preocupación generalizada por la incertidumbre que generan las declaraciones, decisiones y acciones de Andrés Manuel López Obrador y su equipo de transición.

Los temas que motivan esta percepción y ánimo social son claros. Sorprende la falta de conocimiento de la realidad sociopolítica del país por parte de quien, se supone, lo recorrió, hasta sus localidades más remotas, decenas de veces.

Cómo entender si no el fracaso y la cancelación de las consultas por la paz y la reconciliación, planteadas como el fundamento de la política de combate a la inseguridad y de atención a las víctimas de desaparición forzada. Preocupan, en extremo, los tumbos que está dando la estrategia para enfrentar la crisis de inseguridad. A los muchos virajes respecto al papel de las fuerzas armadas, se suma ahora la vaga idea de reclutar a 50 mil jóvenes para sumarlos al ejército, la armada y la policía federal.

El balance de los foros sobre la reforma educativa resulta peor, pues derivó en la confrontación violenta del próximo gobierno con sus otrora aliados radicales del magisterio.

Una constante más en esta turbulenta transición es el desconocimiento que muestran López Obrador y su equipo del mecanismo y la complejidad de la administración pública federal, de las finanzas públicas y de la necesidad de mantener una economía estable.

Trasladar la Secretaría de Cultura a Tlaxcala, pasado mañana, PEMEX a Ciudad del Carmen o la Secretaría de Educación Pública a Puebla es, al menos, insensato, pues contradice la supuesta austeridad republicana y atenta contra los derechos de los trabajadores del servicio público.

Otro tanto podemos decir de la pretensión de López Obrador de imponer una estructura de remuneraciones insensible ante las necesidades de un cuerpo de servidores públicos profesional, capacitado, honesto y comprometido con el país, amén del despido de decenas de miles de burócratas y el retiro anticipado de algunos cientos de funcionarios especializados.

Otra constante es la notoria división en el equipo del futuro presidente, las contradicciones entre miembros del futuro gabinete y el cambio de señales entre sus voceros. Esto es obvio entre la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Alfonso Durazo, postulado para la Secretaría de Seguridad. Igual resulta entre Alfonso Romo, perfilado para jefe de la Oficina de la Presidencia, y el gabinete económico.

Preocupa sobremanera el abierto desdén de la legalidad, el doble rasero con que se valoran grandes proyectos, la arbitrariedad e irresponsabilidad con que actúan algunos de los futuros secretarios y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.

Así ocurre con el celo ambientalista en el caso del Nuevo Aeropuerto versus la laxitud ante el proyecto del Tren Maya, el manejo tendencioso de las encuestas, el levantamiento irregular de padrones para los beneficiarios de los programas sociales o la decisión de absorber el gasto social de la Ciudad de México, por parte del gobierno federal, a costa del bienestar del resto de los mexicanos.

Este balance arroja varias conclusiones preliminares: López Obrador hizo una campaña de promesas irrealizables y lanzó ofertas incompatibles que ya despiertan inconformidad y pondrán en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad económica. Si no resuelve sus contradicciones antes del 1º de diciembre, para convertirse en un factor de confianza y no de incertidumbre, puede desatar una crisis nacional profunda y dolorosa.

[i] Secretario general de la CNOP.

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