Escaño abierto


La economía en la cuerda floja

Arturo Zamora Jiménez

Apenas el martes pasado advertíamos sobre los efectos negativos de la confusión generada por las medidas anunciadas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en materia política y de administración pública.

A unas semanas de que asuma el poder, se han encendido las alarmas en los mercados financieros, en instituciones financieras internacionales y entre agencias calificadoras de riesgo.

Los primeros datos alarmantes surgieron en el ámbito de Petróleos Mexicanos, cuyo ingreso representa 2% del PIB. El futuro director general de PEMEX (cuestionado por su inexperiencia en el sector de energía) y luego el presidente electo, hablaron de cambiar el “modelo productivo”, variar su régimen fiscal y, más sorprendente, cancelar las exportaciones de petróleo crudo.

De inmediato se suscitaron fuertes réplicas de numerosos expertos y, sin titubeo alguno, las calificadoras Moody´s y Fitch bajaron de estable a negativa la calificación crediticia de PEMEX.

Como reacción, la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, sólo atinó a repetir tres frases: “me parece absurdo, me parece absurdo y me parece absurdo”, incapaz de trasmitir una visión coherente y convincente de lo que pretenden hacer con esta empresa pública, sus proyectos petroquímicos y el modelo de comercialización internacional.

Acto seguido, la misma secretaria en ciernes, con cachucha de secretaria de Hacienda, se aventuró a declarar que se reducirá el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con lo que bajaría el precio de las gasolinas, sin explicar cuánto costaría dicha medida a las finanzas públicas y cómo afectaría al mercado abierto de combustibles.

Otro campanazo llegó desde el piso de operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, con el anuncio de que varias empresas privadas suspendieron la colocación de miles de millones de dólares, en vista de que “no existen condiciones” para una exitosa captación de recursos.

Es éste un saldo directo de la incertidumbre que ha producido la insensata encuesta/consulta convocada por López Obrador para decidir la suerte de un proyecto de infraestructura estratégica, como es el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Habría que agregar lo expresado por la jefa electa del gobierno de la Ciudad de México el domingo pasado, en el sentido de que el aeropuerto debe mantenerse donde está, lo agrega un factor de interés regresivo que denota su insensibilidad ante la demanda de millones de usuarios y una corta visión de lo que significa la conectividad aérea de la megalópolis y gran parte del país.

Aún más grave es el proyecto de Iniciativa de Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que pretende modificar la naturaleza de órganos reguladores coordinados en materia energética les otorga la Constitución a las comisiones nacionales de Hidrocarburos y de Energía, que han dado estabilidad y certidumbre a los mercados de electricidad, gas y combustibles, para sectorizarlos a la Secretaría de Energía.

El gobierno electo está demostrando su desconocimiento de la complejidad de una economía abierta y de la competencia en los mercados regulada por el Estado. No atinan a definir su nuevo modelo económico y regresan al estatismo y la economía presidencial.

Es preciso poner el tema sobre la mesa, porque una afectación a la estabilidad macroeconómica se traduciría en un impacto negativo a la economía de las familias mexicanas.

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