Escaño abierto

21-Nov-2018

 

 

Arturo Zamora Jiménez[1]

 

La paz y la seguridad requieren consensos

 

El Plan Nacional de Paz y Seguridad del gobierno entrante ha despertado un evidente interés público por la trascendencia del tema y por los múltiples cabos sueltos, omisiones e inconsistencias que se observan en su contenido. Todos desearíamos que el plan tuviera el mayor de los éxitos y cada uno de nosotros, desde nuestras esferas de responsabilidad pública, haremos lo posible para que así sea por el bien de México.

 

Por ello, es lamentable que, a pesar de la tardanza en la presentación del plan, aún carezca del marco constitucional y legal que debe ser  propuesto como base jurídica de su instrumentación, en particular respecto a la instauración de la Guardia Nacional.

 

Ante la reciente resolución de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, las fuerzas armadas siguen careciendo de un marco legal que regule sus labores de apoyo en funciones de seguridad pública, por lo que la reforma deberá considerar los aspectos relevantes señalados en la decisión de la SCJN y atender, a su vez, las opiniones de los organismos internacionales y regionales, así como de la sociedad civil.

 

El artículo primero constitucional prohíbe leyes que contravengan instrumentos jurídicos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano, de lo contrario, nos exponemos a una catarata de recursos legales o bien al  limbo jurídico que profundizaría la crisis de violencia que asola al país.

 

El primer reto que tendrán las mayorías legislativas en ambas Cámaras del Congreso, es conseguir las mayorías calificadas que se requieren para modificar la Constitución antes de que termine el actual periodo de sesiones, así como conseguir su aprobación en más de la mitad de los Congresos locales. El tiempo está encima.

 

Igualmente será necesario esclarecer la función de las fuerzas de seguridad pública estatal y municipal en el plan de paz y seguridad, en un marco de respeto al federalismo, así como el vínculo del plan con el sistema de impartición de justicia, guiados por el binomio de seguridad y justicia que debe considerarse para asegurar la eficacia e integralidad del plan.

 

Es loable la atención a las políticas de prevención del delito en el marco del plan, así como el sentido de transversalidad que se busca con la incorporación de los programas sociales y educativos dedicados a los jóvenes. No obstante, inquietan los excesos y carencias, como es el anuncio de “lineamientos de convivencia” social y la propuesta de regeneración ética y moral de la sociedad, ¿cuál moral es la que se promoverá? Asimismo, preocupa la grave omisión de una estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres, como el feminicidio.

 

También es sintomático que el plan de paz y seguridad carezca de metas y plazos para su consecución, por lo tanto los objetivos no son claros en la estrategia que se habrá de desplegar.

 

Ante los cabos sueltos y omisiones que se observan, esperamos que la definición del marco jurídico constitucional y legal correspondiente respete la pluralidad del Congreso federal y los congresos locales, pues es preciso evitar la imposición de mayorías parlamentarias, para construir consensos que garanticen la viabilidad operativa del plan.

 

Por lo pronto, tenemos la firme convicción de que la conformación de una Guardia Nacional con base en elementos del Ejército Mexicano y la Armada de México, entre otros, tiene a las fuerzas armadas como el mejor garante de institucionalidad y eficacia, a pesar de los denuestos y críticas de que antes fueron sujeto por parte presidente electo.

 

 

 

[1] Secretario general del CEN del PRI.

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