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Guardia Nacional y debido proceso


Escaño abierto

Arturo Zamora Jiménez[1]

México necesita una estrategia de seguridad pública que resuelva el grave problema de violencia e inseguridad. Por ello preocupa que se reediten acciones aplicadas en el pasado y que resultan regresivas en relación al respeto a los derechos humanos, el pacto federal y los contrapesos institucionales. Por esta razón, el dictamen de la Guardia Nacional debe desecharse por completo para construir una propuesta que incluya las opiniones vertidas en el Congreso en días pasados.

La rectificación de la postura sobre el carácter militar de la Guardia Nacional por parte del presidente de la República, expresada el viernes pasado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es una buena noticia, pero dista mucho de ser clara y suficiente para entender a donde va este gobierno en esta materia vital.

El presidente López Obrador corrigió la mala opinión sobre las fuerzas armadas que sostuvo antes y ahora recurre al merecido respeto y la confianza que tienen ante la ciudadanía para construir la nueva institución de seguridad pública.

El mando civil de la Guardia Nacional resultó obligado ante el unánime rechazo que suscitó la propuesta de militarizarlo por cinco años. Gobernadores, alcaldes, legisladores, académicos, representantes de organismos civiles y organizaciones internacionales de derechos humanos, rechazaron lo que hubiera significado un retroceso brutal en nuestras libertades y derechos.

En la misma línea civil se presentaron las objeciones del presidente de la CNDH y el representante del Alto Comisionado de la ONU, quienes hicieron ver la flagrante contravención que supondría un mando militar frente a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

Luego de esta indispensable corrección, subsisten numerosos asuntos que deben ser revisados y enmendados con una auténtica voluntad de legislar en un espíritu de amplio consenso político y social.

Es preciso clarificar la relación de coordinación con las corporaciones estatales y municipales y la forma en que se fortalecerán. Existía la absurda pretensión de facultar al Ejecutivo federal para evaluar a las policías locales y retirarles el presupuesto en forma discrecional. Se ha ofrecido retirar este punto del dictamen, pero no se ha dicho nada sobre los recursos para el objetivo fundamental de capacitación a nivel local. De poco servirá una Guardia Nacional potente si no hay policías preventivas aptas y eficaces.

Tampoco se ha subsanado la falta de instrumentos de rendición de cuentas, donde ha de ser fundamental el Poder Legislativo, ni está resuelta la competencia de la Guardia en materia de investigación y su relación con la policía ministerial, lo que podría dar lugar a faltas al debido proceso.

Según se explicó en las audiencias públicas, en tanto se alcance el reclutamiento de los 50 mil elementos esperados, las policías militar y naval seguirán cumpliendo las tareas de respaldo que se les encomiendan, lo que nos lleva a reiterar la necesidad de legislar en materia de seguridad interior.

El proceso legislativo de la Guardia Nacional demuestra el desaseo, la premura y la falta de estrategia que caracterizan a la nueva administración, por lo cual se requiere un replanteamiento integral de las reformas constitucionales y leyes secundarias para dar certeza y viabilidad al modelo de seguridad pública. En tanto, de inmediato debe suspenderse la convocatoria a que los jóvenes se sumen a la Guardia Nacional hasta tener listo el marco legal, institucional y logístico. Se necesita altura de miras y visión de Estado.

[1] Secretario general del CEN del PRI.

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