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Un presupuesto federal miope

29-Jan-2019

 

Escaño abierto

Arturo Zamora Jiménez[1] 

 

La reciente controversia interpuesta ante la SCJN por el INE, sobre la inconstitucionalidad del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, ha puesto al descubierto, una vez más, la inexperiencia, irresponsabilidad y falta de visión con que se elaboró y fue aprobado este instrumento fundamental para la buena marcha de los asuntos públicos.

 

Los consejeros del INE han hecho ver que, pese a haber presentado una propuesta de presupuesto recortado, tras adoptar medidas de racionalización del gasto y reducir los ingresos de los funcionarios, las autoridades hacendarias responsables de elaborar el proyecto y las bancadas de Morena y sus aliados que lo aprobaron redujeron la asignación en 950 millones de pesos, con lo cual está en riesgo la autonomía e independencia del organismo.

 

La controversia expone diversos argumentos que merecen ser analizados en detalle. El primero cuestiona los límites del Poder Legislativo para aprobar un presupuesto que, sin razón fundada, impide materialmente a la entidad autónoma cumplir con el mandato que le impone la Constitución.

 

Los consejeros hacen ver que, con el recorte aplicado, el INE estaría impedido de atender cabalmente sus funciones ordinarias, además de las que derivan de la organización y realización de las elecciones de este año en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, y de la extraordinaria en Puebla.

 

De esta manera, argumentan, se estaría vulnerando el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía de dichos estados y, cabe añadir, se violaría el orden constitucional local y se debilitaría la naturaleza federal del nuevo modelo político-electoral.

 

En otro de los alegatos expuestos en la controversia se documenta cómo el Legislativo, a juicio del INE, estaría invadiendo sus competencias, al establecer en los anexos presupuestales las condiciones de trabajo de sus servidores públicos, cuando éstos se rigen por la legislación electoral y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

 

Se trata de una grave regresión que vulnera la autonomía de una institución creada para evitar la intromisión del Poder Ejecutivo Federal y garantizar la imparcialidad de los procesos electorales.

 

Otra de las graves afectaciones infligidas a las funciones de gobierno por el desafortunado PEF 2019, es la reducción presupuestaria al INEGI. Habiendo solicitado 17 mil millones de pesos se le otorgaron 12 mil, por lo que dicho Instituto deberá cancelar 14 encuestas nacionales programadas, entre ellas el Censo Agropecuario y la Encuesta Nacional en Hogares, ambas estratégicas para la evaluación, corrección y diseño de los programas productivos rurales y las políticas sociales.

 

El director general del INEGI, Julio Santaella, hizo ver que ya se habían aplicado fuertes recortes a las percepciones y prestaciones de los trabajadores del instituto, por lo que las medidas adicionales llevarían al empobrecimiento de la política de desarrollo de recursos humanos. “Esta política de austeridad suena razonable en principio y la hemos asumido; pero en una perspectiva de largo plazo, puede considerarse relativamente miope”, dijo Santaella, quien no descarta iniciar también una controversia constitucional. 

 

Poco a poco, el gobierno del presidente López Obrador seca, asfixia y  somete a las instituciones y los organismos autónomos, a cambio de fondear los programas redistributivos que le reditúen electoralmente y sirvan a su proyecto mesiánico y populista. La llamada cuarta transformación ha comenzado con un proceso de desmantelamiento institucional y la violación de las normas constitucionales y legales que es preciso denunciar y revertir.

 

 

 

[1] Secretario general del CEN del PRI.

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