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“Protesto cumplir y hacer cumplir…”

6-Feb-2019

 

 

Escaño abierto

Arturo Zamora Jiménez[1]

 

En el 102 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política, a celebrarse el día de hoy con un discurso conmemorativo por parte del gobierno federal, escucharemos expresiones grandilocuentes sobre el significado de la constitucionalidad mexicana y sus principios para el nuevo gobierno.

 

Esperamos que más allá de la retórica que caracteriza al discurso presidencial y sus pretensiones históricas, escuchemos alguna explicación sobre la forma en que en los últimos dos meses se ha obrado en detrimento de la legalidad, pues observamos una sistemática violación del orden constitucional y jurídico, así como la voluntad de promover reformas a la Carta Magna a fin de regresar a determinados poderes fácticos la posibilidad de vivir al amparo de leyes a modo, en perjuicio de nuestras instituciones y dejando en la indefensión a los ciudadanos y sus libertades y derechos.

 

Más que estruendosas proclamas sobre “la primera vez en que habrá de cumplirse verdaderamente con los principios de nuestra Constitución”, o cualquier otro giro discursivo previsible de la ideología oficial, lo que los ciudadanos quisiéramos escuchar del presidente López Obrador es de qué manera interpreta el compromiso que asumió al protestar “cumplir y hacer cumplir la Constitución … y las leyes que de ésta emanan”.

 

No puede presumirse el cumplimiento de dicha obligación si se permite que, por verificar compromisos electorales, las más irresponsables facciones de la CNTE en Michoacán nieguen el derecho a la educación y conculquen el futuro de niños y jóvenes, atenten contra las vías generales de comunicación causando daños cuantiosos a la economía regional y nacional, y promuevan la desobediencia a la ley como estrategia política de presión, entregándoles en premio 5 mil plazas automáticas y prebendas multimillonarias, además de la omisión en el ejercicio de la acción penal de oficio que dicta el Código Penal.    

 

Tampoco es mandando al diablo las opiniones técnicas, ecológicas y financieras, así como el estudio elaborado a petición del propio gobierno, por el Instituto Mexicano del Petróleo, donde se desaconseja la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, como esperaríamos que se conduzca un gobierno que respete la ley.

 

No resulta apegado al espíritu constitucional, ni conforme a las leyes de planeación, ordenamiento territorial, equilibrio ecológico y protección ambiental, desoír las alertas de los expertos sobre la viabilidad económica y la grave amenaza a los ecosistemas del sureste que representa la construcción del Tren Maya.

 

Y ni qué decir de la incapacidad de la autoridad competente para hacer efectiva la Ley Federal del Trabajo en la frontera norte, donde se gesta una seria amenaza a la economía nacional, al equilibrio de los factores de la producción prescrito en el artículo 123 y al régimen de justicia laboral que ha propiciado un clima propicio a la inversión privada, igual que grandes avances en los derechos del trabajador.

 

Este 5 de febrero es el primero en la vida de un nuevo gobierno que llegó al poder abanderando las causas de la legalidad, resumidas por su líder en el “por encima de la ley, nadie; al margen de la ley, nada”.

 

Esta es, pues, una fecha propicia para que el presidente rectifique en sus pautas de acción, respete el carácter laico de la República, rescate la autoridad perdida en aras de nefastas alianzas electoreras, asuma la responsabilidad de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza propia del Estado democrático de derecho y detenga el deterioro del orden jurídico y social que está en la base del pacto nacional.

 

 

 

[1] Secretario general del CEN del PRI.

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