Un Consejo, numerosas alertas


Escaño abierto

Arturo Zamora Jiménez[1]

Si algo preocupa a los mexicanos es la eventualidad de una crisis económica que ponga en riesgo el empleo, su poder adquisitivo y la estabilidad de la economía familiar; desafortunadamente, las decisiones económicas del actual gobierno hacen que esta percepción crezca en la ciudadanía.

La reciente conformación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, podría constituir una señal de rectificación de la política económica del gobierno federal o resultar un ejercicio más del populismo autoritario del jefe del Ejecutivo.

Aunque la integración de esta instancia dice responder a una visión plural, multisectorial y regionalmente representativa de los factores de la producción, está por verse si es la mejor forma de integrar políticas públicas ágiles frente a indicadores de recesión en sectores clave como la minería y la construcción y una baja en la expectativa de crecimiento en 2019 y 2020.

Llama la atención que a tres meses de vencer el plazo para presentar al Legislativo el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, no se haya realizado una consulta pública y abierta como manda la ley y se instale esta compleja instancia consultiva que sólo amplía el consejo asesor empresarial designado en noviembre pasado.

No son pocas ni sencillas las tareas que tendría que atender este multitudinario Consejo. La más delicada es contribuir a la solución de la crisis financiera, productiva y corporativa de la principal empresa productiva nacional. Petróleos Mexicanos va dando tumbos entre las mesas financieras de los inversionistas y las calificadoras internacionales, los devaneos de una reforma regresiva a su marco jurídico y fiscal, las nuevas prácticas sobre licitaciones opacas y la reciente presentación de un plan de inversiones que despertó más dudas que certezas.

Igualmente grave es la situación de la Comisión Federal de Electricidad, pues bastó una conferencia de prensa matutina del presidente para generar un alud de descalificaciones y un clima de desconfianza que han puesto a la CFE ante un escenario de crisis productiva, financiera y técnica.

El Gobierno creó una situación de falta de credibilidad ante los justos reclamos de los inversionistas por señalamientos infundados y por la cancelación de la cuarta subasta de energía limpia, lo cual ahuyenta las inversiones privadas y crea la amenaza de un desabasto eléctrico.

Mientras, el desorden en el mercado laboral ahuyenta la inversión y el empleo en el sector de las maquiladoras.

Concluimos con dos referencias sintomáticas de la coyuntura económica actual. La primera, del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien luego de manifestar la disposición del empresariado a participar en el Consejo, llamó al presidente a que “cese el lenguaje polarizante… (que) estigmatiza a los empresarios… (pues) si se busca promoción de la inversión se necesita la certidumbre”.

La última, del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León: es que “deben adoptarse las políticas adecuadas en ámbitos distintos al económico, de manera que se combatan la inseguridad y la corrupción, que se garantice el respeto a la propiedad privada, que se fomente un ambiente de certidumbre para la inversión y que prevalezca la certeza jurídica”. Son mensajes rotundos ante una visión equivocada, que exige una pronta rectificación.

Por el bien de México debemos evitar una crisis económica que mine el poder adquisitivo de las familias y cancele la posibilidad de un desarrollo estable.

[1] Secretario general del CEN del PRI.

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