Captura de las instituciones, camino al autoritarismo

Escaño abierto

Arturo Zamora Jiménez[1]

La captura de las instituciones del Estado por parte del titular del poder Ejecutivo es el primer paso para la instauración de un régimen autoritario, es un grave riesgo político y económico que crea incertidumbre sobre la vigencia de la democracia constitucional, el Estado de derecho y la certidumbre en el desarrollo. En este escenario, la oposición parlamentaria representa el último recurso institucional para revertir esta regresión.

Por un lado, el proyecto de reforma de la SCJN es una argucia que se escuda en el argumento del combate a la corrupción para hacerse del control del Poder Judicial y convertirlo en un instrumento al servicio del Poder Ejecutivo federal.

Con la propuesta de Morena para ampliar el número de ministros que integran la SCJN (de 11 a 16), quienes serían nominados por el Ejecutivo federal buscando la aprobación del Senado de la República, se perdería la autonomía e independencia de la SCJN y se rompería el equilibrio y balance de poderes que están en la base del actual régimen constitucional. El riesgo es que esta concentración de poder en el Ejecutivo federal conduzca a una autocracia que ponga en riesgo el régimen de libertades y derechos.

Por otro lado, los nombramientos en la CRE y Pemex causan desconfianza en los inversionistas nacionales y extranjeros sobre el rumbo del sector energético, ante la centralización de las decisiones regulatorias y corporativas en el Ejecutivo federal. Además, de que esta práctica de nombrar a los amigos aunque estos no cumplan con el más mínimo requisito de especialización requerida en las instituciones a las que se integran, es también una forma de corrupción.

El penoso desaseo en el nombramiento de los nuevos consejeros de la CRE y el relevo de los testigos sociales y los consejeros independientes de Pemex, así como el uso discrecional de los fondos de reserva financiera (FEIP), tienen detenidas inversiones millonarias que se agregan a la escasez de gas natural en el sector industrial, la cancelación de licitaciones y el incremento en el subsidio fiscal a las gasolinas (IEPS), que evita una alza mayor en los precios pero beneficia menos a los consumidores más pobres.

El afán de revertir la reforma energética sin una propuesta alternativa viable y robusta, así como de mantener en su puesto al inexperto director general de Pemex, está resultando contraproducente ante la posible nueva rebaja en la calificación de la empresa pública y una grave desaceleración del sector que apunta a una recesión y, por lo pronto, a un crecimiento negativo de la economía en el primer trimestre del año, según el consenso de los analistas.

Esta concentración del poder a costa de desmantelar las instituciones del Estado es ajena al mandato recibido en la elección presidencial y a la responsabilidad constitucional asumida el 1º de diciembre. Representa un abuso del poder presidencial y de la confianza de los ciudadanos, cuyas consecuencias comienzan a ser palpables (según el último indicador de confianza del consumidor, INEGI) y, cada día, más graves. Lamentablemente.

[1] Secretario general del CEN del PRI.