Vinculan a proceso a tres ex titulares de Sedis

• Miguel Castro, Daviel Trujillo y Salvador Rizo deben mantenerse en resguardo domiciliario; tienen que firmar cada 30 días en tres meses

• Este proceso parece tener tintes políticos, el juez sin valorar las pruebas presentadas por la defensa, en cuanto concluyeron sus participaciones leyó la resolución que parecía que ya la tenía preparada, dijo Miguel Castro

Puente Grande, Jalisco a 15 de Octubre de 2019.- Miguel Castro, Daviel Trujillo y Salvador Rizo, ex secretarios de Desarrollo e integración Social, fueron vinculados a proceso por el delito de Uso indebido de atribuciones y facultades, al concluir una audiencia en el Juzgado Quinto Penal Oral y tendrán como medidas cautelares reclusión domiciliaria.

En una audiencia de vinculación que duró 10 horas, presidida por el juez Juan Paulo Dávalos Navarro los ex funcionarios de la anterior administración, solicitaron la presencia de testigos a su favor, entre ellas la ex directora general de Política Social de Sedis y la perito investigadora de la Universidad de Guadalajara Ileana León González.

A los tres los habían imputado el 9 de octubre por otorgar durante sus gestiones subsidios a organizaciones civiles que integraban servidores públicos, contrario a las reglas de operación del programa de apoyo a dichos grupos.

Ayer, al reanudar la audiencia, los defensores llamaron a dos testigos para robustecer su caso.

La primera fue Lizama García, ex directora General de Política Social de la Sedis, quien explicó que, antes de que el secretario firmara los convenios, la selección de las beneficiarias correspondía a un comité.

La segunda fue Ileana León González, perito investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien al analizar las reglas de operación manifestó que el documento no obligaba al secretario a revisar por su propia persona que las organizaciones no tuvieran servidores públicos.

Destacó que la Sedis otorgaba los subsidios bajo el principio de buena fe y que en todo caso se debería sancionar a las organizaciones civiles por concursar a sabiendas de que estaba prohibido.

Al rendir su declaración, Castro indicó que él no revisaba que se cumplieran los requisitos de elegibilidad, pues creía que esa labor ya se había hecho de manera adecuada.

Durante la comparecencia en los juzgados de Puente Grande, el ex secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro, dijo desconocer que había funcionarios en algunas organizaciones civiles beneficiadas en su gestión, y que los subsidios se repartían “de buena fe”.

Argumentó que tenía alrededor de 400 funcionarios a su cargo, por lo que él confiaba que todos actuaran siguiendo los lineamientos pertinentes. Así, su defensa alegó que no hay delito en su actuar porque él no sabía que otros servidores públicos se beneficiaban con los subsidios a las organizaciones. Concluyó que el asunto era, acaso, una falta administrativa.

También se señaló que estas irregularidades nunca salieron a la luz en investigaciones previas a las cuentas públicas de la Secretaría.

En la misma línea, la defensa de Salvador Rizo afirmó que, en todo caso, la responsabilidad recaería en las asociaciones beneficiadas, dado que participaron en convocatorias aunque sabían que violaban las reglas del Convenio del Programa de Apoyos para Asociaciones de la Sociedad Civil.

Al término de las comparecencias la defensa solicitó el sobreseimiento del caso y la no vinculación a proceso, más porque los imputados no obtuvieron beneficio.

El Ministerio Público insistió en que se violó el Artículo 152 del Código Penal al otorgar subsidios en distintas ocasiones a ocho organizaciones con funcionarios públicos.

El juez, sin decretar receso para redactar su resolución, justificó que se constituía el delito de uso indebido de atribuciones y facultades perpetrado en contra de la Sedis y la sociedad.

Como medidas cautelares, los imputados deberán firmar cada 30 días durante tres meses. En este periodo no pueden abandonar el país y tienen que mantenerse en resguardo domiciliario, salvo para trabajar o por salud.

Al final, Castro consideró que las medidas fueron excesivas y que el asunto tenía tintes políticos, pues parecía que el juez ya había decidido antes de escuchar el debate. “Se leyó un documento que prácticamente estaba listo justo en el momento en el que se terminó el proceso del debate”.