Piden una nueva Convención Nacional Hacendaria
El diputado Juan Carlos Villarreal señaló ante el Congreso de la Unión que el objetivo es revisar el pacto fiscal entre Federación y Estados en el marco de la contingencia sanitaria que se vive en nuestro país.
Ciudad de México a 21 de abril de 2020.- Luego de exhortar al titular del gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, a que se "conduzca con respeto" y brinde un trato digno a las entidades federativas en materia de apoyos para la atención de la pandemia por el virus Covid-19, el diputado federal por Jalisco, Juan Carlos Villarreal Salazar, presentó este martes 21 ante al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa para solicitarle que se convoque, con carácter de urgente, a la celebración de una nueva Convención Nacional Hacendaria.
El objetivo de dicha propuesta es que se revise el pacto fiscal con la federación y los estados, en especial en el marco de la contingencia sanitaria que se está viviendo en nuestro país.
Al respecto, el Diputado Villarreal Salazar precisó que "la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2 Covid-19 (Coronavirus) hace indispensable que sociedad y Estado, en sus tres órdenes de gobierno, trabajemos en unidad, no solo en el discurso, sino también en los hechos".
Dijo que esta iniciativa se presenta ante la mínima o casi nula voluntad de diálogo que ha mostrado el titular del Poder Ejecutivo Federal en cuanto a los recursos que la federación ha destinado a la atención de la pandemia, así como de los mecanismos empleados para hacer llegar los insumos a las entidades.
Asegura que alcaldes y autoridades estatales han acusado falta de liderazgo por parte del presidente de México, "Señalan que no ha propiciado coordinación en la implementación de las medidas de mitigación y prevención de contagio. Hemos iniciado la etapa 3 de la pandemia y hasta el momento son evidentes las deficiencias del sistema de salud federal, la información deficiente y las contradicciones entre el presidente y las autoridades sanitarias".
El diputado federal tonalteca argumentó que el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dispone: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Puntualizó que la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, establece la conformación de una federación compacta para cohesionar a la nueva nación sin un sistema federal radical, pues eso podía desintegrar el país. Asimismo el artículo 40 de la constitución federal, establece una república compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
Remarcó que, en este complejo contexto que enfrenta nuestro país, el pacto federal sigue teniendo la finalidad de promover un desarrollo equitativo entre todos los que integran la federación, eliminando aquellos aspectos que pretenden perpetuar asimetrías y rezagos.
"En contravención a ello, desde el inicio de la llamada Cuarta Transformación, el partido oficial ha llevado a cabo acciones para debilitar la esencia bajo la cual surgió el pacto federal. Un caso muy representativo de dicho menoscabo al pacto federal es el decreto por el que crean los “superdelegados” que tuvieron como espíritu la simplificación de la entrega de programas federales, no obstante, en la práctica ha quedado de manifiesto que viola el pacto federal y han fungido como operadores electorales de Morena, funcionando como un esquema de precandidatos que hacen campaña permanente con recursos de la federación.
En este sentido, Juan Carlos Villarreal señaló que durante su primer año en funciones, la Secretaría de la Función Pública informó que los “superdelegados” de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora eran investigados por el posible uso irregular de programas sociales.
"Ante la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del Covid 19, el Estado de Jalisco lejos de contar con el respaldo del gobierno federal ha sido objeto de distintas acciones para dificultar una respuesta efectiva del gobierno estatal a los ciudadanos, tal como fue el caso de los bloqueos para importar las pruebas rápidas para la detección del Covid-19. Es en este contexto que el Gobierno de Jalisco al igual que otras entidades federativas se han planteado la necesidad de reflexionar sobre la redefinición del Pacto Federal".
Puntualizó que para dimensionar el aporte de Jalisco a la federación y la forma inequitativa en la que ha sido tratado a pesar de su aportación, basta mencionar que de acuerdo con las declaraciones del gobernador de la entidad, los trabajadores y empresarios de Jalisco aportan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recursos adicionales cada año de lo que cuesta la operación del Seguro, es decir, se gasta en los servicios de atención, de mantenimiento y operación de todos los hospitales del Seguro y quedan libres 10 mil millones de pesos, recursos que se van a lugares distintos.
En la iniciativa también dice que en el mismo sentido, los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, han expresado su inconformidad por la inequidad con la que se reparten los recursos federales, aunque han precisado que ello no implica abandonar el pacto fiscal federal, sino que implica solicitar a la Federación mayor apoyo, toda vez que entre los tres estados aportan el 26% de los impuestos que van a la Federación. La situación expuesta pone en relieve abusos por parte de la federación hacia las entidades federativas.
Por lo que hace a los recursos destinados a la atención de la pandemia del coronavirus, gobernadores de diferentes entidades federativas del país han solicitado al gobierno federal modificaciones al pacto fiscal de la federación a fin de mejorar la distribución de los recursos. Es pertinente señalar que el convenio de coordinación fiscal, que data de 1978, establece que la Federación se queda con el 80% de los fondos participables y entrega sólo el 20% a los estados.
En el mismo sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha solicitado llevar a cabo una verdadera Convención Nacional Hacendaria, con el propósito de construir acuerdos en tres dimensiones: uno, la redefinición de las competencias tributarias; dos, lograr una nueva legislación fiscal tanto a los impuestos directos como los indirectos; y tres, actualizar la fórmula del egreso.
Por último el diputado jalisciense remarcó la necesidad de exhortar a la Conferencia Nacional de Gobernadores; a la Federación Nacional de Municipios de México, y a la Conferencia Nacional de Municipios de México para que lleven a cabo un diálogo para propiciar la celebración conjunta de un acuerdo por el que se convoque a las entidades de la Administración Pública Federal, el H. Congreso de la Unión, las Legislaturas locales y representantes de la sociedad civil a la celebración de una nueva Convención Nacional Hacendaria, a fin de revisar el pacto fiscal con la Federación y los estados, en el marco de la contingencia sanitaria que vivimos en nuestro país.