Opinión Invitada

20-Sep-2020

 

Necesidades que la gente padece a causa de la injusta distribución de la riqueza social (I de III)

 

Por: Teófilo Flores Luna, Dirigente del Movimiento Antorchista en la Costa Sur de Jalisco.

 

Como en los mejores tiempos, de una época ya superada, a la “cuartaté” le urge encontrar la forma de retener el poder en las próximas elecciones. No hay otra razón que explique por qué tanta inquina hacia cualquier actividad que realice el Movimiento Antorchista. Como que intuye que, en el escenario político mexicano, no tiene otro rival más serio que este movimiento. Pero, ¿No es la competencia política la esencia de nuestra democracia?, ¿No deben al ejercicio democrático de las elecciones de hace dos años el que ahora estén encumbrados en el poder?

 

Para cualquier mente desprejuiciada, lo más sensato para mantener y acrecentar la simpatía de quienes creyeron en sus discursos opositores y electoreros, sería aprovechar la oportunidad que se les dio como Presidente de la república, gobernadores, senadores, diputados y presidentes municipales, para demostrar la superioridad y la viabilidad de su proyecto de nación; presentando ya resultados. Las familias mexicanas más desprotegidas necesitan que se materialicen las promesas de campaña que supuestamente van a remediar su ya muy comprometida situación social.

 

Lejos de que así suceda, es percepción generalizada en todos los estratos sociales, no solo de las familias de bajos ingresos, que no solo no hay alguna mejora es su situación diaria, sino que esta se agrava cada día que pasa. Se empieza ya a suponer que el contenido de los discursos de campaña del actual presidente no fueron más que otras promesas para captar el respaldo del pueblo inconforme. Se esgrimen varias razones y argumentos con que la gente demuestra que no se está cumpliendo con lo que se prometió. La gente se está cansando de ocurrencias como discursos. Además de que ya sabe que lo que la actual administración federal propone en política de asistencia social, no es la solución a los problemas que hay que resolver en México: El hambre y la marginación.

 

Y tienen razón. La actual política de asistencia social no es más que una caricatura de lo que en otros sexenios ya se había probado para contener precisamente esos mismos problemas y que, como ahora vemos, más de 20 años después, no funcionaron. Ahora, un mayor número de mexicanos padece estas calamidades; la pobreza y la marginación ha crecido exponencialmente.

 

La instrumentación de programas sociales de apoyo a las familias tiene como fin paliar un poco las necesidades que la gente padece a causa de la injusta distribución de la riqueza social. Sin estos programas, la inconformidad de la gente seria mucho mayor, por esta razón los gobiernos elegidos cada seis años, desde que se estableció elegir a las autoridades por medio del voto, hacen uso de este recurso para seguir escondiendo al pueblo, la principal deficiencia del actual modelo económico: La injusta distribución de la riqueza social.

 

En la historia reciente de México, las administraciones federales han utilizado este método para desactivar en alguna medida, la creciente inconformidad que hay en los sectores menos favorecidos. Los servidores públicos que han tenido la oportunidad de administrar los recursos que los mexicanos generan con su trabajo, siempre han tenido presente que un gran número de mexicanos vive en condiciones de pobreza extrema en el campo y en las ciudades, que sus necesidades básicas no están adecuadamente satisfechas, que tienen deficiencias en nutrición, salud, educación, vivienda, medio ambiente, accesos a los servicios públicos y empleo productivo bien remunerado, razón por la cual se han implementado políticas públicas de asistencia social que mitiguen esta peligrosa situación social. Tal fue la justificación de los programas federales de aquella época como el Programa para el Desarrollo Rural Integra (PIDER) o La Comisión del Plan Nacional para la Atención de las Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR).

 

Desde 1980 impulsa el gobierno federal programas que, según ellos, eran necesarios para disminuir la desigualdad cada vez más creciente entre los grupos sociales. Proponían de esta forma corregir los desequilibrios macroeconómicos, combatir la inflación, promover el crecimiento; enfrentar así, a fondo las causas que generan la pobreza. Con estos objetivos se creó PRONASOL (Programa Nacional de Solidaridad). Al mismo tiempo que entregaban a las familias una “ración” (así le llamaban) de productos de consumo básico que incluía leche en polvo importada, un pescado seco (que nadie comía), un tipo de grasa vegetal comestible amarilla, pastas para sopa, entre otras cosas. La distribución de estos productos tenía sus limitaciones: solo la recibían familias con menores de edad.

 

Poco después, hacen a un lado estos programas generales que tenían en operación para contrarrestar los efectos de la pobreza; deben enfocarse más en la atención inmediata a problemas que mayor devastación social estaba causando en ese momento: El hambre y la marginación.

 

Fue en la década de los 90´s que crearon un programa más “innovador”; un sistema de apoyo social integral. Así nace en 1997 el programa de asistencia social estrella de ese sexenio: PROGRESA (Programa de Educación, Salud y Alimentación), que consistía básicamente en un apoyo monetario y de servicios en las tres áreas que consideraron prioritarias de atención: Educación, Salud y Alimentación. En su esencia este programa se mantuvo vigente y funcionando durante tres sexenios posteriores, solo le cambiaron el nombre (PROSPERA, OPORTUNIDADES y otra vez PROSPERA).

 

Este programa con sus respectivos cambios de nombre y quitándole o poniéndole una que otra vertiente, funcionó un poco más de 20 años. Pero los objetivos o el fin para lo cual fueron creados no se cumplieron, los problemas que se debían corregir y superar aquí siguen. Estos programas de asistencia social en el tiempo que funcionaron demostraron que no son la solución a las necesidades de servicios de calidad, vivienda, educación, salud y alimentación que aún padecen miles de mexicanos.

 

Las cifras oficiales muestran que los índices de pobreza patrimonial -insuficiencia para adquirir la canasta básica alimentaria, así como servicios de salud, educación, vestido y vivienda- como ahora se define los estragos de la marginación, afecta a más de la mitad de nuestra población.

 

Otra cosa importante que remarcar de estos programas de asistencia social es que, desde su aparición, estos programas nunca fueron operados por “intermediarios”, siempre los ejecutó una oficina gubernamental, creada exprofeso para tal fin. Para recibir el recurso era obligatorio cumplir con los requisitos y aparecer en la lista de beneficiarios que solo manejaban los funcionarios públicos autorizados.

 

El hecho de que a este programa se le diera continuidad sexenio tras sexenio, creó en el pueblo la percepción de que se trataba de una política de Estado y no del gobierno en turno; la gente entendía cada vez más que no era ocurrencia de un gobierno, sino una política de Estado financiada con recursos públicos.

 

Este programa simplemente lo desaparecieron. ¿Con qué sustituyeron este programa asistencial?, que si bien no resolvió los problemas que la miseria genera en más de la mitad de la población mexicana, sí se apreciaba como una efectiva ayuda a la población más desprotegida.

 

Comentaremos en próxima ocasión lo que la gente dice en concreto de los “nuevos” programas de asistencia social de quienes se han erigido como guardianes absolutos de la democracia y paladines anticorrupción.

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