Nadie por encima de la ley
Escaño abierto
Arturo Zamora Jiménez[i]
En un Estado democrático y liberal, la máxima de que nadie debe estar por encima de la ley es parte de la normalidad. Sin embargo, desde hace algunas semanas vemos acciones contrarias que intentan instaurar una nueva “normalidad”: la del poder único, absoluto, autoritario y profundamente conservador, a la que incluso se nos invita a “acostumbrarnos”.
Lo que vemos es un ataque sistemático a todo aquello que signifique un contrapeso al poder del presidente de la República.
Desde septiembre hemos visto sendas embestidas de las mayorías legislativas contra la oposición en ambas cámaras de Congreso, el nulo respeto por el pacto federal que llevó a los gobernadores a defender la soberanía de sus Estados, la descalificación de los órganos autónomos del Estado (el INAI y el Banxico) y, en los últimos días, una verdadera cargada contra el Poder Judicial.
Fue irresponsable la reacción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, respecto a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por senadores de todos los partidos de oposición en relación con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Apenas la Corte admitió el incidente y otorgó la suspensión, el presidente López Obrador dijo: “se equivocaron, no están entendiendo la nueva realidad”, “olvidan a Juárez”, acusó.
Lo secundaron los líderes de sus bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados, así como sus seguidores en las redes sociales, al extremo de asegurar que se reducirán las remuneraciones de los servidores públicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, “con o sin ley”, pues según dicen, “lo que rige es la mayoría”. Es alarmante e insólito, pues parece que el presidente, su gabinete y sus mayorías legislativas desconocen la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir.
La reiterada práctica de las mayorías parlamentarias de tramitar, aprobar y publicar reformas constitucionales y leyes anticonstitucionales sin construir consensos y sin el más elemental análisis jurídico, ha situado a los poderes públicos, a la sociedad y a las instituciones en una desgastante dinámica de confrontación e incertidumbre.
En el caso de la mencionada ley, los legisladores de oposición propusieron modificaciones que superaban sus defectos y anacronismos, las cuales fueron ignoradas y desechadas por las mayorías legislativas, pese a que sabían de la cascada de amparos que significaría su publicación.
Resulta difícil pensar que lo anterior se debe a que su gabinete jurídico y sus legisladores carecen de pericia legal, pues su secretaria de Gobernación (también senadora), Olga Sánchez Cordero, es ministra en retiro de la SCJN, lo que deja sólo un camino de interpretación: el presidente trata de quitar del camino todo lo que se interponga a su voluntad, así se trate de oposiciones, gobernadores, otros poderes (ya controla el Legislativo), órganos autónomos, medios, periodistas y calificadoras internacionales.
Mención aparte merece la terna que envió al Senado de la República para ocupar la actual vacante en la SCJN, conformada exclusivamente por sus incondicionales.
Es momento de señalar el riesgo en que están nuestras instituciones. Está en juego el equilibrio y la división de poderes, la permanencia y estabilidad de nuestra democracia y, sobre todo, el Estado de derecho, sin el cual la República estaría bajo la amenaza de un poder único, absoluto y autoritario, por encima de la ley.
[i] Secretario general del CEN del PRI.